Crónica Actividad

Nuevo Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas

La CNMV ha hecho público el documento que sustituye al anterior Código unificado de mayo de 2006, tras un proceso de revisión que arrancó en junio de 2013. Algunas recomendaciones recogidas en aquel código se han trasladado al ordenamiento jurídico.
[25/02/2015]

Servicio de Estudios. BME.

Noticia extractada del capítulo de introducción del Código publicado por la CNMV

El pasado 18 de febrero el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el nuevo Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (el Código de buen gobierno). El documento ahora presentado se ajusta a un nuevo formato que parte de distin­guir e identificar los principios que, en cada caso, inspiran las recomendacio­nes de carácter concreto y específico.

Para su elaboración ha contado con el apoyo de una Comisión de Expertos, creada en 2013 que, entre otras cosas, ha ayudado a diferenciar aquellas cuestiones que debían ser propuestas para la mejora del marco normativo vigente de aquellas que habían de cons­tituir recomendaciones de seguimiento voluntario sujetas al principio de «cumplir o explicar», que son las que se contienen en este Código de buen gobierno. En este sentido, un buen número de las recomendaciones del Código unificado de 2006 se han incorporado a normas legales (en cuestiones tales como las competencias ex­clusivas de la junta general de accionistas o del consejo de administración, la votación separada de acuerdos, el fraccionamiento del voto, etc.), por lo que no forman parte de este Código de buen gobierno. Por ejemplo, las definiciones de las distintas categorías de consejeros han pasado a estar contenidas, primero, en la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo (por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de in­formación de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorro y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.) y, más recientemente, en la Ley de Sociedades de Capital, no incluyéndose en este Código de buen gobierno.

De esta forma, el marco actual del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España debe valorarse considerando dos niveles:

a) Por un lado las normas de obligado cumplimiento incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables.

b) Por otro, las recomendaciones de buen gobierno contenidas en el nuevo Código de buen gobierno, de carácter estrictamente voluntario, puesto que las cuestiones consideradas básicas e imprescindibles han quedado incorporadas a normas de obligado cumplimiento.

Otra novedad importante es que el nuevo Código incorpora recomendaciones específicas en materia de responsabilidad social corporativa (RSC)

¿A quién afecta?

A todas las sociedades cotizadas, entendiendo por tal a auellas cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado secunda­rio oficial de valores (Artículo 495.1 de la Ley de Sociedades de Capital).

Las recomendaciones del Código de buen gobierno están destinadas al conjunto de las sociedades cotizadas, con independencia de su tamaño y nivel de capitalización (salvo aquellas recomendaciones en las que expresamente se indica que son de apli­cación sólo a las sociedades cotizadas de mayor capitalización). No cabe descartar por ello que algunas de sus recomendaciones puedan acaso resultar poco apropiadas o excesivamente onerosas para las empresas de menor tamaño. Si ello ocurriera, bastará con que las sociedades afectadas expliquen debidamente las razones y las opciones elegidas: su libertad y autonomía de organización quedan plenamente sal­vaguardadas

Voluntariedad, con sujeción al principio de «cumplir o explicar»

La Comisión de expertos, en atención al mandato recibido, desarrolló su trabajo distinguiendo las mejoras de gobierno cor­porativo que debían ser incorporadas a normas legales de aquellas otras que debían mantenerse como recomendaciones de buen gobierno de carácter voluntario, suje­tas al principio conocido internacionalmente como «cumplir o explicar», que son las que se incorporan a este Código de buen gobierno.

La utilización de códigos de buen gobierno de carácter voluntario junto con el prin­cipio de «cumplir o explicar» son un sistema útil para lograr parte de los objetivos del buen gobierno corporativo y es el sistema seguido de forma consistente tanto en los principales países de la Unión Europea como en otros países desarrollados, resal­tando su flexibilidad en el modo de ser aplicado y la posibilidad de constituirse en una referencia de buenas prácticas de gobierno corporativo.

En concordancia con ese principio básico de voluntariedad, el Código de buen gobierno no reitera entre sus recomendaciones los preceptos legales aplicables. Por ello, omite recomendaciones que, precisas en otros países o incluidas en recomendaciones de la Comisión Europea, no son necesarias en España, al ha­ber quedado incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.

De este modo, la legislación española deja a la libre decisión de cada sociedad seguir, o no, estas recomendaciones de gobierno corporativo y únicamente exige que, cuan­do no las sigan, expliquen los motivos que justifican su proceder, al objeto de que los accionistas, los inversores y los mercados en general puedan juzgarlos.

Para el buen fin de este sistema, es importante que las explicaciones facilitadas por las sociedades en relación con las recomendaciones que no sigan sean adecuadas.

Evaluación por el mercado

Corresponderá a los accionistas, a los inversores y, en general, a los mercados valo­rar las explicaciones que las sociedades cotizadas den en relación con el no segui­miento o el seguimiento parcial de las recomendaciones que, en su caso, correspon­dan. Ello, sin perjuicio de las competencias y facultades de seguimien­to atribuidas a la CNMV, en relación con el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, por la Ley de Sociedades de Capital y la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, a cuyo tenor la CNMV podrá exigir que se corrijan las omisiones o datos engañosos o erróneos.

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