Crónica Actividad

“CROWDFUNDING”. Guía de la CNMV para la autorización de plataformas de financiación participativa.

La Ley 5/2015, de 27 de Abril, de fomento de la financiación empresarial, establece en su artículo 53 que, para poder operar las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) deberán autorizarse e inscribirse en el correspondiente registro, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
[15/10/2015]

Rosa Blanco. BME

Para cumplir este requisito la CNMV ha publicado en su página web una Guía para la autorización de plataformas de financiación participativa con el objetivo de facilitar y simplificar la tramitación de la mencionada autorización. Según este manual las PFP podrán promover proyectos de financiación participativa instrumentados a través de obligaciones, acciones u otros valores representativos de capital, participaciones de sociedades de responsabilidad limitados y préstamos. El régimen administrativo al que están sujetas las PFP para acceder a la actividad está regulado en el Título V de la Ley 5/2015..

En la guía se explica con detalle las cuestiones relacionadas con sus Estatutos Sociales, el papel de administradores y directores generales de estas entidades, cuál debe ser su estructura accionarial y de grupo, su programa de actividades e incluso su estructura organizativa.

Los promotores del proyecto podrán aportar datos, informes o antecedentes cuando resulten relevantes para su valoración, mientras que la CNMV ha aclarado que podrá solicitar cuanta información adicional o aclaratoria sea precisa, de acuerdo con lo previsto en los artículos 57.2 y 90 de la Ley 5/2015.

Respecto a los requisitos financieros para la puesta en marcha de una PFP,  el artículo 56 de la Ley 5/2015  establece que las PFP deberán disponer en todo momento de: a) un capital social íntegramente desembolsado en efectivo de al menos 60.000 euros, o; b) un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional, con una cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños, y un total de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones, o; c) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional, aval u otra garantía equivalente que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de las letras a) y b) anteriores.

En la parte final de la publicación se habla del Régimen Interno de Conducta que es obligatorio tal y como se indica en el artículo 55 h) de la Ley 5/2015, que determina que las PFP deberán disponer de un Reglamento Interno de Conducta que contemple en particular, los posibles conflictos de interés y los términos de la participación de los administradores, directivos, empleados y apoderados en las solicitudes de financiación que se instrumenten a través de la plataforma.

De la necesidad de dar información a los inversores se habla en el artículo 83 de  la Ley 5/2015 que recoge los requisitos de información previos a la inversión, estableciendo que las PFP deberán garantizar que los inversores no acreditados reciben y aceptan una comunicación específica con advertencias relativas a los proyectos y a los riesgos asociados a su inversión.

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